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EDICIÓN Nº69: Dólar

El Banco Central ha seguido, en las últimas semanas, una política de apreciación cambiaria, e incentivado el incremento de las tasas de interés pasivas en pesos. El objetivo, implícito, de esta política ha sido la de desalentar la compra de dólares por parte del público minorista y frenar la incipiente caída de los depósitos en pesos, observada en el sistema financiero, desde los momentos más ríspidos del conflicto con el campo. Sin embargo, esta “operación” no puede verse en forma aislada del resto de la política económica de corto plazo.

En efecto, la apreciación del peso y la suba de las tasas de interés son medidas recomendadas en contextos de alta inflación y suba de los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta. En ese sentido, la caída de la cotización del dólar actúa como un incremento de las retenciones a la exportación, o como una disminución de los derechos de importación. Afectando a la baja a los precios en pesos de los exportables y de los importados o sus sustitutos locales. Por otro lado, al acercar las tasas de interés en pesos al valor de la inflación “real” se alienta el ahorro en el sistema financiero, en detrimento del consumo. A su vez, al elevar las tasas de interés activas, también se desincentiva la demanda de crédito. Ambas medidas, entonces, actúan como mecanismos antiinflacionarios, al actuar sobre el nivel de precios y sobre la demanda agregada. Sin embargo, este tipo de acciones sólo tienen efecto pleno si forman parte de una estrategia integral de ataque a la inflación. Por ejemplo, seguir con la expansión del gasto a un ritmo del 40% anual u homologar aumentos salariales del 30% anual, no parecen compatibles con la idea de un ataque integral a la inflación. Por otro lado, si la idea de mantener un dólar en baja, con tasas de interés en pesos elevadas, finalmente, termina “convenciendo” a los fondos “fugados” del sistema a volver, por la magnitud del premio, e inclusive genera un ingreso de capitales mayor, se produce una nueva ronda de presión sobre la demanda agregada, que puede rebotar, otra vez, hacia mayores precios.

Por otra parte, una baja del tipo de cambio, simultánea a los aumentos de costos internos derivados del sinceramiento de ciertos precios y tarifas y del mencionado incremento de los salarios, acelera aún más la caída del tipo de cambio real, dificultando la competitividad del sector exportador industrial y del sustituto de importaciones.

En otras palabras, es cierto que una política de apreciación del peso y de suba de las tasas de interés pudo tener sentido, en momentos en que la tasa de inflación se aceleraba y la demanda agregada “volaba” en el segundos semestre del 2007. Pero no es menos cierto, que dichas medidas sólo se justifican si, simultáneamente, se desacelera fuerte el crecimiento del gasto y se desalientan incrementos de salarios en línea con la inflación pasada, y se los orienta a una inflación esperada menor.

Por el contrario, una política de apreciación cambiaria, en el contexto de un gasto que sigue creciendo fuertemente y en el marco de incrementos salariales que consolidan una inflación cercana al 30% anual, no sólo no reduce la tasa de inflación –aunque ayude a que no se acelere más- sino que conspira contra el nivel de actividad de largo plazo, al reducir la competitividad de los sectores exportadores y sustitutos de importaciones.

Todo esto, dentro de un panorama que, por el conflicto con el sector agropecuario, se presenta con una alta dosis de incertidumbre en torno a la actividad en el interior del país y a la situación fiscal y del sector externo.

Por todo lo comentado, el escenario más probable sigue siendo el de una desaceleración de la economía, sin una caída fuerte de la tasa de inflación “real”, aunque, por la misma desaceleración de la demanda, tampoco es de esperar un incremento aún mayor de la variación de los precios.

 
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